Carlos Montemayor
Las mineras canadienses
Canadá es uno de los países notables en los tiempos actuales. Durante cerca de ocho años consecutivos encabezó la lista de las naciones con mayor índice de desarrollo humano, según el informe singular que desde 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo prepara anualmente. Esta proyección de la evaluación del desarrollo parte de ciertas variables propuestas en la década de los años 80 por Mabub Ul Haq y el premio Nobel de Economía Amartya Sen. En estos balances no se refleja tanto el volumen total de riqueza producida en un país, o el movimiento total de capitales en determinada zona, sino el beneficio y desarrollo reflejado en la salud, el promedio de vida, la educación, la vivienda, la alimentación y el ingreso de los habitantes.
Sin estas condiciones de evaluación se entiende que por el volumen económico México haya podido en algunos balances cuantitativos presentarse como la undécima economía del mundo, pero su realidad se revela en el índice de desarrollo humano, donde aparece en el número 54, dentro del grupo de países de mediano desarrollo humano y al mismo nivel de Cuba, que ocupa el número 55.
En términos artísticos Canadá ha impreso un relevante aporte en múltiples campos. Además de la poesía, el teatro, el cine, el ensayo, notables en lengua francesa en el área de Quebec, todos los géneros artísticos se impulsan en un proyecto multilingüe y multidisciplinario que tiene su mejor ejemplo en Banff Center International, donde he tenido oportunidad de colaborar en proyectos de traducción literaria desde hace algunos años.
Algunos proyectos de investigación científica, tecnológica y social de las universidades canadienses son también notables en varios campos del conocimiento y del hacer político, particularmente en el movimiento de multiculturalismo que está surgiendo en Canadá como política de Estado y que parte de dos principios fundamentales: primero, que los movimientos migratorios son una característica básica y un comportamiento natural de la humanidad; segundo, que si puede caracterizarse a la humanidad por el movimiento migratorio de la totalidad de los pueblos en un momento dado, la consecuencia de la naturaleza humana es que estamos obligados a vivir con nuestra diversidad.
Así, “vivir juntos” ya no implica justificar un equilibrio social desde la perspectiva de una mayoría, sino desde la perspectiva de la multiculturalidad. Por tanto, los derechos humanos deben incluir cada vez con mayor claridad la idea de que el individuo no es un ente aislado, sino integrado en un contexto social, político y cultural que existe previamente a su aparición y que permanecerá después de él. Esto le da identidad y le permite reconocerse como ser humano.
Por ello en Canadá la integración social es también destacada, si se toma en cuenta el tratamiento legal, cultural y económico dado a los pueblos indígenas, allá denominados first nations, primeras naciones. En abril de 1999, por ejemplo, Canadá reconoció el territorio autónomo de los pueblos inuit, con extensión de un millón 900 mil kilómetros cuadrados, casi la de la República Mexicana, que es de un millón 956 mil kilómetros cuadrados. Este territorio autónomo se llama Nunavut Kamavat, gobierno de Nunavut.
El jurista canadiense James Hopkins explicó en el año 2001 que durante la demarcación territorial de Delgamuukw, el juez Lamer, cabeza de la Suprema Corte de Justicia de Canadá, reconoció por vez primera que los derechos territoriales de los pueblos nativos son sui generis porque, entre otras cosas, su fuente proviene de un sistema legal aborigen prexistente y porque las poseen comunalmente.
En este caso el juez reconoció que el “especial lazo” entre las comunidades indígenas y su territorio forma parte de la cultura distintiva del grupo aborigen y afirmó que el derecho a usufructuar la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. En otras palabras, el juez Lamer parece reconocer que un uso que interfiera con el empleo o usufructo tradicional de la tierra podría romper el lazo cultural del que surge el derecho territorial mismo del pueblo aborigen.
Pero la perfección, tanto en individuos como en países, es teórica, abstracta, conjetural. Contrastan con esta grandeza humanista, política, social y cultural de Canadá las empresas mineras canadienses, ejemplo de la depredación brutal y de ilegalidad inexcusable. El daño ecológico, económico y social que provocan en varias regiones del mundo y de México es un ejemplo contundente de cómo un país admirable puede producir empresas transnacionales depredadoras y salvajes que pisotean la lucidez con que el juez Lamer determinó que el usufructo de la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. Las compañías mineras canadienses son la avanzada de la barbarie actual contra pueblos inermes y ecosistemas de países con gobiernos corruptos o vulnerables como el de México, según explicaré en las siguientes entregas.
En el caso de nuestro país, se están afectando tres regiones: San Luis Potosí, con la Minera San Xavier; la región de Huizopa en la sierra de Chihuahua, con la Minefinders y su subsidiaria Compañía Minera Dolores, y 29 municipios de Chiapas con las empresas Fronteer Development Group y Radius Gold.
En todos los casos hay un modus operandi común: la apropiación ilegal de tierras, la complicidad de autoridades federales o estatales, la sobrexplotación y contaminación de recursos acuíferos y el desastre ecológico por el sistema de explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación.
El sistema que las compañías mineras canadienses aplican en México para la explotación y beneficio de mineral es el conocido como tajo a cielo abierto y lixiviación a montones, prohibido en muchos países por su gran capacidad contaminante.
La Minera San Xavier, que explota el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, utiliza toneladas diarias de explosivos a base de nitrato de amonio, diesel y detonantes para tumbar el cerro en por lo menos 80 mil toneladas; de este material serán aprovechables aproximadamente 32 mil toneladas, que ya trituradas se depositan en un llano tratado con arcilla. Dieciséis toneladas de cianuro de sodio mez- cladas con 32 millones de litros de agua por el sistema de aspersión bañarán el material triturado provocando así la separación y precipitación de los metales contenidos. Éste es el proceso conocido como de lixiviación.
Las explosiones que ya empezaron a detonar acabarán aproximadamente con un kilómetro de montaña. Luego continuarán hacia el subsuelo para producir un cráter de un kilómetro de diámetro por aproximadamente 250 metros de profundidad. Al cabo de algunos años, en el llano de lixiviación se habrá formado una montaña de material saturado de cianuro de aproximadamente 80 millones de toneladas. Lo más peligroso es que tal montaña de material contaminado se está acumulando a nueve kilómetros de la ciudad capital y muy cercana a otras comunidades. En el ejido Palma de la Cruz quedarán otros 120 millones de toneladas de material con grandes contenidos de sulfuros que no podrían ser lixiviables.
La oposición en varios países al uso de cianuro en el sistema de lixiviación y a la explotación de tajo a cielo abierto es creciente. En Estados Unidos, en 1998, en Montana, se prohibió el uso de cianuro para la minería de oro de y plata después de que las compañías mineras canadienses Placer Dome y Pegasus Gold Corporation ocasionaron un desastre ecológico sin precedentes. En 2003, en California, se prohibió a la compañía minera Glamys Gold Mining Company, hasta febrero de 1993 dueña de 50 por ciento de las acciones de Minera San Xavier, la explotación de una mina de oro a tajo a cielo abierto en una comunidad indígena y con el apoyo del Senado se aprobó una ley que prohíbe cualquier explotación de minas de oro de tajo a cielo abierto a base de cianuro.
En 1995, en Guyana, el dique de contención de la mina Omal, de la compañía minera canadiense Cambior Inc., se quebró y derramó 3.2 mil millones de litros de agua cianurada al río Essiquibo, ocasionando el desastre ecológico más grave e irreparable en la historia de ese país. Cambior Inc. fue hasta hace poco tiempo dueña de parte importante de las acciones de Minera San Xavier y enfrenta una demanda por 69 millones de dólares para restaurar el daño perpetrado contra los habitantes de Guyana.
Un derrame masivo de 100 mil metros cúbicos de cianuro de una compañía minera de oro en Rumania, en el año 2000, contaminó más de 400 kilómetros del río Danubio destruyendo toda especie acuática y fauna silvestre. Por ello, en julio de 2003, el primer ministro rumano, respaldado por grupos ambientalistas, se negó a apoyar a una compañía minera canadiense, Gabriel Resources Ltd., por los graves riesgos ecológicos que conllevaría.
En el interior de Canadá diversas organizaciones han creado conciencia sobre las devastadoras consecuencias sociales y ambientales que para otros países han tenido las compañías mineras canadienses. En junio de 2004, la comisión permanente del parlamento sobre asuntos extranjeros y comercio internacional presentó un informe donde se afirmaba que Canadá todavía no contaba con leyes para asegurar que las actividades de sus compañías de explotación minera en países en vías de desarrollo se conformaran con los estándares necesarios de derechos humanos y mucho menos para asegurar su responsabilidad ecológica.
El 23 de junio de 2004, el noveno tribunal colegiado del noveno circuito en materia administrativa resolvió el amparo D.A. 65/2004-873 y enunció con claridad que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debía cancelar en forma definitiva la licencia de uso de suelo y funcionamiento que mediante oficio de fecha 26 de febrero de 1999 había otorgado el Instituto Nacional de Ecología, órgano desconcentrado de la Semarnap, hoy Semarnat, a Minera San Xavier.
El tribunal determinó que esa autorización se había otorgado contraviniendo, primero, las disposiciones jurídicas federales en materia ambiental, y segundo, el decreto administrativo estatal en que se aprobó el plan de ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada. Después de la resolución del tribunal colegiado, cualquier acción de todo nivel de gobierno implicó una acción de desacato.
Esta resolución no frenó a la compañía y con subsecuentes apoyos federales y estatales inició su expansión territorial. Compró terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro mediante contratos al margen de la ley o mediante la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido de Cerro de San Pedro con falsos ejidatarios, el cual fue anulado por resolutivos tanto del tribunal agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito.
Con este falso contrato cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Ríoverde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envolvió el poblado por el lado norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.
El 2 de junio de este año, el juzgado XI de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal emitió su resolución del amparo 1065/2007, que se promovió contra el tribunal de justicia fiscal y administrativa respecto a la nulidad de un nuevo permiso que la compañía misma recibió de Semarnat en abril del 2006. El juzgado de distrito estableció que se debe nuevamente resolver el recurso de queja y al final de la resolución establece que se debe considerar los amparos directos 65/2004 y D.A. 24/2005, que establecían que ni siquiera en forma condicionada podía darse autorización alguna a la compañía.
A pesar de esto, la minera sigue devastando el área de Cerro de San Pedro.
Desde el año 1994 la empresa canadiense Minefinders, por conducto de su subsidiaria Compañía Minera Dolores, se estableció en territorios ejidales de Huizopa, municipio de Madera, en la sierra de Chihuahua. Se instaló amparada con títulos de concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía del gobierno federal, sin que la dependencia consultara a los ejidatarios. Durante más de 14 años la firma se ha dedicado a desarrollar trabajos de exploración, y ahora está a punto de concluir con el establecimiento de su planta principal para iniciar la explotación de mineral con el sistema de tajo a cielo abierto y lixiviación.
Para ello firmó en 2006 con los ejidatarios un contrato leonino de usufructo de mil 200 hectáreas, mediante el cual se comprometió a entregar 39 millones de pesos como único pago económico durante los 16 años de explotación. Sin embargo, las ganancias estimadas por la empresa ascienden a más de 3 mil millones de dólares.
Además, Minefinders ha invadido ilegalmente más superficie territorial; hoy cuenta con 3 mil 498 hectáreas para el desarrollo de sus operaciones, e intenta mover el centro de población sin contar con la autorización de todos los ejidatarios.
Ante el riesgo inminente de deterioro ambiental, durante dos años los ejidatarios de Huizopa pidieron dialogar con la compañía para alcanzar un trato económico equitativo y asegurar un plan preventivo y seguro de preservación para la zona.
Ante la falta de respuesta de la empresa y de las autoridades federales, los ejidatarios cerraron la entrada a las instalaciones en mayo de este año.
Por ello la firma accedió a la negociación y, en presencia de autoridades estatales, los días 11 y 18 de junio pasado se establecieron acuerdos que la comunidad ha cumplido y la empresa no. Huizopa retiró el bloqueo, pero la minera se niega cumplir sus compromisos de proponer un programa de desarrollo sustentable para la zona.
Como en esas negociaciones la empresa negó que ocupara tierras en exceso e ilegalmente, el ejido de Huizopa propuso una medición para verificarlo.
Ambas partes acordaron que una comisión técnica topográfica, integrada por peritos de la Dirección de Obras Públicas del gobierno del estado, la Dirección de Obras Públicas del municipio de Madera y la delegación federal de la Secretaría de Economía, determinara si la extensión utilizada por la empresa para sus labores se ajustaba o no a lo especificado en el contrato de usufructo. Pero el día y la hora previstos para la inspección Minefinders se negó. Únicamente aceptó que se midiera la superficie de sus instalaciones centrales y no las tierras de exploración y explotación. Se acordó una segunda fecha para efectuar dichos trabajos, pero de nuevo la compañía se negó argumentando que no tenía determinado el territorio que ocupaba.
La depredación, la arbitrariedad, es la marca que la compañía canadiense está imponiendo en una de las regiones más puras y dignas de nuestro país.
Minefinders está agrediendo la tierra de Arturo Gámiz, de Pablo Gómez, de Ramón Mendoza, de los hermanos Gaytán. También está haciendo pedazos, en el lodo y el cianuro, la grandeza y dignidad de Canadá.
Hace pocos días Hermann Bellinghausen informó en La Jornada que el gobierno de Chiapas concesionó a varias mineras 550 mil hectáreas para extraer minerales en 29 municipios de esa entidad. Otra vez, las empresas son canadienses: Fronteer Development Group, Radius Gold y Linear Gold, que se proponen aplicar el sistema de tajo a cielo abierto y lixiviación.
Las comunidades tardan en comprender el riesgo que este sistema de explotación significa para los mantos acuíferos, las tierras de cultivo y la sobrevivencia de los poblados mismos.
Hasta ahora los campesinos de Venustiano Carranza, en particular de Cruztón, son los únicos que han mostrado resistencia.
Informa Bellinghausen que una caravana civil de la otra campaña, compuesta por 30 personas, visitó el pasado fin de semana la comunidad para mostrar que los pobladores “no están solos”. Reportó, de igual forma, que el despliegue de la Policía Preventiva del estado en Venustiano Carranza es muy grande en controles, destacamentos y patrullajes, particularmente en el área de Cruztón. En ninguna de las regiones donde se están estableciendo las mineras canadienses hay o habrá derrama económica que beneficie a las regiones ni a sus habitantes. Por el contrario, a cambio de su beneficio van dejando miseria, humillación, contaminación, desastres ecológicos, tierras yermas, mantos acuíferos envenenados y especies endémicas de fauna y flora exterminadas.
¿Esta es la contribución del gran país que es Canadá al desarrollo de nuestros pueblos? Se trata de un nuevo colonialismo bárbaro y depredador que con el nombre de globalización imponen las compañías en países con gobiernos corruptos o débiles.
Ellas prosiguen, se proponen continuar (pues quizás México es el sitio donde la mayoría de las trasnacionales mineras canadienses se han asentado) también en Oaxaca, Guerrero, Durango y Sonora.
¿Señales de desarrollo y progreso?
Sí, para Canadá. Para México, en ningún caso.
¡Deténganla yá!
Ahora que inició "formalmente" sus actividades en el estado de San Luis Potosí, la Minera San Xavier se perfila no solamente como un proyecto industrial de gran envergadura, sino como la amenaza más grande contra la ecología y la salud de los habitantes del municipio de Cerro de San Pedro y de la propia capital de la entidad. En esta historia de negligencia tomó parte el gobierno foxista y, ahora, el de Felipe Calderón, toda vez que las dos administraciones desoyeron el reclamo de ciudadanos, organizaciones ecologistas e intelectuales: ¡detengan el proyecto, antes de que sea demasiado tarde!
Patricia Dávlla Valero / Proceso
Con el primer lingote de aleación de oro y plata (doré) obtenido por la Minera San Xavier se inicia el mayor desastre ambiental en la historia de San Luis Potosí. Los trabajos de explotación de los yacimientos provocarán que, en un lapso de ocho años, el valle del mismo nombre desaparezca por completo y el entorno ecológico sufra daños irreversibles.
Y es que el 29 de marzo pasado la empresa minera inició formalmente sus actividades después de un año de operaciones a cielo abierto en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. En la ceremonia de inauguración se fundió la primera barra de doré.
Ese primer lingote, que contiene 95% de plata y 5% de oro, pesó 30 kilos y constituye apenas una quinta parte de la producción diaria que la mina alcanzará en los próximos meses. Para obtener esta pieza, los mineros tuvieron que dinamitar 2 mil 500 toneladas de los cerros del Barreno y de San Pedro. La barra fue enviada a Estados Unidos para separar sus componentes y obtener aproximadamente 53 onzas de oro y mil 7 de plata.
Una vez que la mina funcione a su máxima potencia producirá, según estimaciones de sus propietarios, de 246 a 270 onzas de oro y 5 mil 511 onzas de plata al día. Esto significa que en 24 horas se utilizarán 16 toneladas de cianuro y 32 millones de litros de agua. Además, se dinamitarán 70 mil toneladas del cerro, para lo cual se emplearán 25 toneladas de explosivos.
Juan Carlos Ruiz Guadalajara, integrante del Frente Amplio Opositor (FAO) -formado por las organizaciones que impugnan el proyecto minero-, explica que antes de reventar cualquier material para extraer (lixiviar) los minerales, se hacen los preparativos técnicos necesarios. En el caso de Minera San Xavier (MSX), dice, los dueños de la compañía están alarmados porque, a dos o tres meses de que se inicie el proceso de extracción de los metales, las camas de lixiviación no están listas.
Además, dice, "los directivos tienen que explicar de dónde sacaron el lingote que presentaron, porque es seguro que no proviene del Cerro de San Pedro... No existe la cama de la que lixiviaron las 2 mil 500 toneladas de cerro que reventaron para obtener el oro y la plata".
Y reitera: "Sintieron la presión mediática muy fuerte. Tienen miedo. Ello los llevó a presentar un lingote que no sé de dónde obtuvieron; necesariamente requieren de la cama de lixiviación que aún no terminan".
Según Ruiz, el acto del 29 de marzo pasado fue sólo para quedar bien con los inversionistas canadienses, a quienes intentan persuadir para que mantengan su capital en esta mina. Incluso dice que dos días antes del acto en el que se fundió la primera barra, la empresa canadiense Me-tallica Resources, de la que MSX es subsidiaria en México, difundió un boletín en el que sostiene que todo va bien en Cerro de San Pedro y anuncia que se pondrá en marcha otro proyecto similar en Chile.
Daño irreversible
En 1995 la empresa Metallica Resources llegó a Cerro de San Pedro, localidad ubicada a 12 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí, con un propósito: realizar un proyecto metalúrgico de explotación de minerales con contenido de oro y plata. Al principio nadie se sorprendió, puesto que el lugar se fundó en 1529 como centro minero.
Los problemas surgieron cuando representantes del consorcio canadiense anunciaron a los pobladores del lugar que su filial MSX pondría en marcha un sistema de explotación de tajo a cielo abierto. Además les explicaron que el beneficio o extracción de los contenidos de oro y plata se haría por el sistema de lixiviación a base de cianuro.
En el proceso se utilizarán 25 toneladas diarias de explosivos para derribar 80 mil toneladas de material del cerro. Posteriormente, éste se someterá a varias etapas de trituración y 40% sería transportado y depositado en el patio de lixiviación. Una vez ahí se le aplicará por aspersión una mezcla de 16 toneladas de cianuro de sodio diluido en 342 millones de litros de agua para extraerle valores metálicos.
De realizarse este proyecto, el daño ecológico será irreversible: en menos de una década desaparecería un kilómetro de montañas y sólo quedaría un cráter de un kilómetro de diámetro por unos 300 metros de profundidad en la zona donde opera la minera.
Así mismo, el "tumbe" de material y su trituración generarán toneladas de polvillo tóxico que, mezclado con los gases de los explosivos elaborados a base de nitrato de amonio, diesel y TNT, sería lanzado por los vientos a la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada, que se localiza a ocho kilómetros de la mina. La población, calculada en 1 millón 500 mil habitantes, quedaría expuesta permanentemente a las sustancias tóxicas, asegura el Frente Amplio Opositor.
Las acciones de resistencia civil contra la Minera San Xavier se iniciaron desde mediados de la década pasada, pero fue a partir de 2003 cuando el Frente Amplio Opositor encabezó las denuncias legales.
Enrique Rivera Sierra, integrante del FAO, asegura en entrevista que ya le han ganado varios pleitos a MSX. Menciona, por ejemplo, que a principios de octubre de 2005 el Noveno Tribunal del Primer Circuito, donde radicaba una querella interpuesta por el FAO, ordenó a la Sala Superior de Justicia Fiscal y Administrativa que anulara el proyecto minero por considerar que era "violatorio desde todos los puntos de vista".
Jurídicamente, dice Rivera Sierra, esta resolución del tribunal resolvió el conflicto a favor de los opositores. Sin embargo, el 10 de abril del año pasado el director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ricardo Juárez, firmó de manera ilegal otro permiso para que la minera continuara con su proyecto. El FAO impugnó también el "nuevo permiso" y el mismo tribunal está por emitir su fallo.
Sin embargo, Rivera Sierra admite que el FAO ha tenido varios reveses en los tribunales agrarios. Uno de ellos es el que se refiere a las 290 hectáreas que un grupo de ejidatarios le arrendó a la minera. Sin embargo, luego apareció el ejidatario Jesús Barbosa Mata, quien acreditó que esas tierras le pertenecían, y el Tribunal Unitario Agrario tuvo que anular el contrato.
El pleito se prolongó debido a que empresa se amparó en tres ocasiones para seguir usufructuando el predio, y logró que el mismo tribunal retardara ocho meses su resolución. Al final, el tribunal dictaminó en contra de Barbosa, alegando incompetencia procesal.
Otro de los aspectos que preocupa a los potosinos es el daño del proyecto de MSX al patrimonio cultural. Si no se frena, dicen los integrantes del FAO, podrían desaparecer algunos poblados, como la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, considerada patrimonio histórico de la entidad. Este poblado dio origen a la ciudad capital de San Luis Potosí y es el emblema del escudo de armas del estado. De hecho, con la desaparición de una parte de Cerro de San Pedro y una villa antigua que la minera dinamitó hace un mes, ya se perdió una parte de la historia de este estado, sostiene Rivera.
Última llamada
A finales de febrero pasado, un grupo de investigadores de varias instituciones publicó una carta abierta dirigida a Alfonso de Mana y Campos, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y a Sergio Vela, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), en la que solicitan detener los trabajos de la minera. Ellos argumentan que la iglesia de San Pedro, considerada monumento nacional, presenta fracturas debido a las vibraciones que resiente la zona por los trabajos subterráneos que realiza la minera.
El escritor Carlos Montemayor, quien desde hace varios años se ha manifestado en contra del proyecto de MSX, critica en entrevista "el silencio permisivo" de las secretarías de Energía, Defensa Nacional y la Semarnat, así como de los institutos de Minería, Ecología y Antropología. No se dan cuenta, dice, de que en corto plazo podría desaparecer el Valle de San Luis.
"A lo largo de estos años, varios funcionarios debieron ser juzgados por desacato. El que hayan podido socavar sentencias, instituciones y medio ambiente de manera arbitraría e ilegal es algo novedoso e insólito para la vida democrática que los gobiernos de Fox y Calderón aseguran representar", sostiene Montemayor.
Y arremete contra las instituciones que, puntualiza, parecieran representar, "metafóricamente hablando, una nueva especie de crimen organizado contra el cual la ciudadanía tiene pocas posibilidades".
Pero no sólo hay solapamiento de las instituciones, que dejan hacer a la minera, sino que ésta ha intentado coptar a varios funcionarios estatales. En 2004, por ejemplo, el entonces presidente Vicente Fox ordenó al gobernador Marcelo de los Santos que invitara a Óscar Loredo, alcalde de Cerro de San Pedro, quien se negaba a firmar el permiso para la operación de MSX. Fox platicó con el edil y lo invitó a viajar a la Ciudad de México. A su regreso, Loredo señaló en una sesión del cabildo que el presidente Fox lo estaba presionando para que firmara la autorización. Finalmente lo hizo.
Óscar sustituyó en la alcaldía a su padre, José Baltasar Loredo Reyes, quien fue asesinado. A pesar de que Natividad Cruz, habitante de la comunidad de Pana-lillo, declaró que los asesinos del alcalde fueron Santos Nava Arista, Cirilo Blanco Tobías y Juan Blanco, las autoridades no los han detenido. Baltasar Loredo siempre se opuso a firmar el permiso para la operación de la minera.
Las agresiones a los opositores del proyecto de MSX han sido constantes. La última fue el martes 3, cuando el gobernador Marcelo de los Santos ordenó desalojar un plantón que durante 10 días mantuvieron en la Plaza de Armas de la ciudad de San Luis Potosí los integrantes del Frente Estatal de Movimientos y Organizaciones Sociales (FEMOS). Ellos habían recolectado 10 mil firmas de apoyo y exigían el cese de trabajos de la Minera San Xavier.
En la refriega fueron detenidos 16 integrantes del FEMOS, incluido su dirigente, Pedro Rebolloso Bravo, quien fue trasladado al Centro Preventivo de Readaptación Social número uno, ubicado en el municipio de La Pila.
Un mes antes del desalojo, el 1 de marzo, el gobernador De los Santos declaró a Carmen Aristegui, conductora del noticiario radiofónico Hoy por hoy, que su gobierno no ha expedido ningún permiso para que opere MSX.
"No está en mis manos resolver este problema, sino en el gobierno federal y los tribunales. Se formó un grupo de ciudadanos especialistas en la materia y a Minera San Xavier se le han pedido 100 requisitos para que opere. Si cumple, que continúe, si no, que se detenga", dijo el mandatario,
-¿Queda usted en calidad de espectador? -le preguntó Aristegui.
-Casi...
Desesperados por la falta de apoyo de las instituciones estatales y federales, el 28 de febrero pasado habitantes de Cerro de San Pedro e integrantes del FAO difundieron un documento en el que denuncian que las operaciones ilegales de Metallica Resources se han traducido en la destrucción de inmuebles históricos, en impactos irreversibles al medio ambiente y en un ecocidio que amenaza multiplicarse.
Según el documento, la empresa canadiense ha devastado más de 200 hectáreas del habitat de especies de flora y fauna protegidas, además arrasó con miles de cactáceas. Ha detonado y continúa detonando de manera clandestina, sin supervisión de la Sedeña, toneladas de explosivos para destruir parte del cerro de San Pedro, patrimonio ambiental y emblema del escudo de San Luis Potosí.
Según los habitantes de Cerro de San Pedro, el pasado 11 de enero, a las 3 de la tarde, la detonación de media tonelada de explosivos detrás de los cerros del Barreno y de San Pedro ocasionó un desprendimiento de rocas que se precipitaron sobre el pueblo, destruyendo la red de agua y de electricidad. Por ello llaman al gobernador De los Santos a actuar con sensatez y ejercer su autoridad para rescatar Cerro de San Pedro. "Está en juego el Valle de San Luis Potosí y la vida de la comunidad. Estamos frente al mayor desastre ambiental de la historia de esta región".
Publicado en la revista Proceso, semanario de información y análisis No. 1588. 8 de abril de 2007.
La minera San Xavier
quiere doblar al INAH
2007-04-28
Judith Amador Tello
Cerro de San Pedro, S.L.P.,(proceso).- Inconcebible sería que los bolivianos permitieran que su famoso Cerro Rico --cuya riqueza en plata dio origen a la fundación de la ciudad de Potosí y al dicho “¡Vale un Potosí!”-- fuera pulverizado para exprimirle hasta los últimos gramos del mineral.
Por el contrario, la histórica ciudad sudamericana fué inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987, siendo el primer sitio del país andino en recibir ese reconocimiento.
En cambio en México, mientras por un lado se busca que la UNESCO reconozca a la capital de San Luis Potosí como patrimonio mundial, por el otro se está permitiendo la destrucción del Cerro de San Pedro --que le dio origen--; más aún, se ha puesto en riesgo “potencial” la existencia del pueblo del mismo nombre, fundado el 4 de marzo de 1592 como San Pedro de Potosí, para evocar al Potosí boliviano.
E incluso quedó plasmado en su escudo de armas en donde se puede apreciar a San Luis Rey de Francia posado sobre el “Potosí” mexicano --rico en oro y plata--; y que daría pie a la posterior fundación de la actual capital de San Luis, en noviembre de ese mismo año.
Y es que desde 1999 Minera San Xavier (MSX), filial de la empresa canadiense Metallica Resources Inc., comenzó a planear la explotación minera en el Cerro de San Pedro con el método de tajo a cielo abierto que, literalmente, implica volarlo con el uso diario de entre 13 y 25 toneladas de explosivos. Al proceso se suman además la utilización, también diaria, de 16 toneladas de cianuro de sodio con 32 millones de litros de agua para lixiviar los metales preciosos, es decir, separarlos de las tierras del cerro, las cuales quedarán amontonadas como desecho al final de unos diez años.
Investigadores de diferentes disciplinas advierte que, al final del proyecto minero, quedará en el lugar ahora ocupado por el cerro un cráter “semejante a Estadio Azteca”, similar al que ahora tiene lo que fué la mina Real de lo Ángeles en el municipio de la Noria en Zacatecas; además un entorno ecológico devastado en catorce kilómetros a la redonda; y sedimentación de cianuro en los mantos freáticos.
Desde el comienzo del proyecto de explotación se advirtió asimismo que el patrimonio histórico y cultural del poblado de Cerro de San Pedro, que cuenta con 400 monumentos de diferentes épocas desde el siglo XVI hasta el XIX catalogados por el INAH, entre los cuales destacan no sólo las antiguas haciendas de beneficio, sino los templos de San Pedro y San Nicolás Tolentino (este último patrono de los mineros) que datan de los siglos XVIII y XVII, respectivamente, pues el tajo quedará apenas a 50 metros de distancia de la primera iglesia.
Todo ello lo explican en entrevista con Proceso el ingeniero geólogo Mario Martínez, los señores Armando Mendoza Ponce y Carlos Ramos Moreno, todos habitantes de Cerro de San Pedro; el historiador Juan Carlos Ruiz Guadalajara, investigador de El Colegio de San Luis; el abogado Enrique Rivera; y la actriz Gabriela Betancourt, integrantes del Frente Amplio Opositor de la MSX. Por si fuera poco, también lo detalla en un informe al director general del INAH, Alfonso de Maria y Campos y la doctora en historia Marta Terán, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del propio INAH.
Un grupo de artistas, intelectuales y políticos, piden mediante una carta abierta la intervención tanto de De Maria como de Sergio Vela, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), por los daños “irreversibles” provocados por MSX al patrimonio histórico y ambiental de la nación. Entre ellos la historiadora Mercedes Zavala Gómez del Campo (cuñada de Felipe Calderón Hinojosa); el antropólogo Alfredo López Austin; los historiadores Ariel Rodríguez Kuri, Carlos Martínez Assad, Romana Falcón Vega y José Carlos Melesio Nolasco; los escritores Carlos Montemayor y Javier Sicilia; las historiadoras de arte Elisa Vargas Lugo e Ida Rodríguez Prampolini; el exlegislador Jesús González Schmall; los actores Sofía Álvarez, Héctor Bonilla, Ofelia Medina, Julieta Egurrola, Demián Bichir y Martha Aura; y la exsecretaria del Medio Ambiente del gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum.
La carta cita la Manifestación de Impacto Ambiental (1997) de la propia MSX donde se reconoce que “...el uso de explosivos puede tener un efecto muy adverso sobre las estructuras antiguas situadas en el poblado de Cerro de San Pedro, particularmente la iglesia de San Pedro...” y que “... las vibraciones causadas por las voladuras de producción podrían causar el eventual colapso de la iglesia. Se considera que este sería un impacto adverso severo, que bajo estas condiciones no tendría remedio...”.
Nadie cumple
Aunque la razón de ser de una empresa minera es la explotación de minerales, en una entrevista con este semanario, en septiembre de 2000 (Proceso, 1245), Pedro Manuel de la Fuente, responsable de relaciones públicas de la MSX, aseguró que el primer objetivo de la empresa era la salvaguarda del poblado. Comentó que era más costoso sostener el templo de San Pedro que hacer uno nuevo.
Al paso de los años demostró en los hechos que prefería trasladar una población --el caso de La Zapatilla, y hasta construirle una iglesia nueva, en otro sitio-- si fijaba su interés en esos terrenos.
El delgado del INAH estatal, Juan Manuel Frausto Franco, le reviró entonces que ese comentario era una “estupidez”, pues además de “irresponsable, es grosero respecto del trabajo que ha venido realizando el Centro INAH-SLP. Tendría que pensar seriamente si nos construirá también la historia. Una persona que dice ‘construyo porque tengo dinero’, pasa por el arco del triunfo nuestra historia, nuestras generaciones y es verdaderamente ofensivo”. Y hasta advirtió el funcionario que la ley de monumentos no se negociaba y deslindó al instituto de cualquier autorización a la minera.
Sin embargo, en septiembre de 2005, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH dio una autorización a la empresa “condicionada al cumplimiento” de 15 restricciones y medidas de protección, “cuyo cumplimiento serán supervisadas en todo momento” por el instituto. Los integrantes del FAO aseguran que la MSX no los ha cumplido y que no hay gente del instituto vigilando “en todo momento” el proceso.
En su informe a De Maria, la doctora Terán señala al anterior director del INAH, Luciano Cedillo, como responsable de abandonar “a su suerte al Cerro de San Pedro” y de haber neutralizado a la “institución especializada en poner alto a estas destrucciones”.
La especialista pide entonces al actual titular del INAH retomar su autonomía como institución federal pues “con todo y el vínculo orgánico con el Conaculta, no ha proscrito el deber que tiene Alfonso de Maria y Campos, actual director general, de colocar nuestros sellos de clausura en las puertas de la Minera San Xavier, rectificando y revisando la actuación del director anterior”.
Y es clara en el sentido de la obligación que tiene el instituto de parar los trabajos de la minera, que día a día avanzan a toda prisa pese a un litigio jurídico que, según el abogado Héctor Barri Pascacio, en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa se resolvió en favor de nulificar la autorización inicialmente dada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Un informe de Frausto a Terán indica que el INAH de SLP demandó a la minera el 15 de enero de 2005 por la demolición --sin autorización-- del inmueble La Casa Guadalupe, considerado monumento histórico.
El fin de la historia
Pese a cualquier ofrecimiento de beneficio económico o social que pudieron haber hecho empresas mineras en el pasado, Cerro de San Pedro presenta las huellas del abandono. Es evidente que sólo se le ha explotado y no se le ha invertido. Para Ruiz Guadalajara el desarrollo de otras ciudades mineras como Guanajuato y Zacatecas no tiene punto de comparación con el desdén hacia este pequeño poblado, al cual desde la llegada de los españoles sólo se le saqueó el mineral, pero los propietarios de las minas llevaban sus riquezas a la ciudad de San Luis e incluso a la Ciudad de México.
A lo largo de la historia, dice, hay “montones de denuncias de un tipo de minería practicado aquí, caracterizada por el vacío de presencia de los mineros”. Esta fué una de las causas de la rebelión de los serranos en 1767 que inició en Cerro de San Pedro y llegó a San Luis, donde fué violentamente reprimida.
Agrega el investigador de El Colegio de San Luis que en la historia oficial del estado, impulsada por el historiador y sacerdote Rafael Montejano y Aguiñaga, y algunos de sus discípulos, no se ha dado a Cerro de San Pedro el valor que históricamente le corresponde como antecedente fundacional de la ciudad capital y eso tiene que ver con el desprecio y el abandono que padece, y advierte que el proyecto de MSX dará la estocada final al pueblo:
“Desde allá viene esa polaridad entre San Luis y San Pedro. Y a San Pedro se lo está engullendo su propia circunstancia... nació creando a su propia destructora.”
Coincide el abogado Enrique Rivera al señalar que la MSX dará al pueblo “el tiro de gracia”. Dicen ambos que sacará los últimos minerales, triturando el cerro, exprimiéndole y “dejando un ecocidio”. En un recorrido por el lugar se aprecia cómo en los cerros aledaños al de San Pedro se conserva aún flora de la región, de tipo semidesértico, pero el cerro rico en minerales muestra ya los efectos de la devastación iniciada hace siglos. Y avanzada como nunca en los últimos diez años.
Ruiz Guadalajara hace ver la urgencia de rescatar no sólo la historia verdadera de Cerro de San Pedro y San Luis Potosí, para poner en valor la importancia del primero, sino de detener la destrucción de ese patrimonio cultural.
Por ello en la carta abierta a De Maria destacan:
“Es urgente que el INAH haga uso de los instrumentos legales que lo facultan para detener la destrucción del Cerro de san Pedro.”
El señalamiento de la doctora Terán, en su informe es contundente:
“Hace falta que Felipe Calderón ponga alto a las detonaciones de explosivos con las que una empresa minera canadiense está acabando con el Cerro de San Pedro, con el estado de derecho mexicano y con el derecho que habilita a los ciudadanos potosinos a defender su origen fundador.”
A decir de Ruiz Guadalajara, el escudo de armas de San Luis está inserto en un contexto más amplio que es la historia novohispana y su contribución a la historia nacional, por lo cual se debe tomar conciencia de que la destrucción de San Pedro no atañe exclusivamente a los potosinos; es un patrimonio de la nación en su conjunto.
Más aún, dice, hay elementos similares en varios escudos de armas relacionados con pueblos mineros. El mismo del cerro del Potosí en Bolivia tiene como elemento iconográfico al cerro, sobre el cual está posada una virgen, su mantón protector es la montaña. Son reflejo del “imaginario español en torno a las montañas llenas de oro y plata”, así como de los buenos gobernantes o vírgenes protectores del imperio y la riqueza. El de San Pedro es el Potosí novohispano. No imagina que una minera como Metallica Resources o San Xavier llegara al boliviano y dijera “vamos a triturarlo”.
Arqueología industrial
Con el ruido ya cotidiano de los trabajos de MSX de fondo, el ir y venir de camiones de volteo que llevan pulverizados tajos del Potosí mexicano, y pipas de agua del subsuelo para regar los caminos y los camiones no levanten tanto polvo, Armando Mendoza Ponce, fundador y propietario del pequeño museo El Templete, y Carlos Ramos Moreno cuentan las historias y leyendas que conforman la historia oral de San Pedro.
Mendoza Ponce indica que dentro de los tiros de la minería tradicional practicada desde la época colonial y hasta antes de la llegada de MSX, está parte de la historia minera del país. Ahí se conservan testimonios, materiales y hasta restos de muertos atrapados en los túneles. No entiende porque esa historia no está siendo investigada por el INAH, que como responsable del estudio de la historia novohispana debería tener proyectos de investigación y rescate de esos vestigios. Podría incluso hacer arqueología industrial, ahora impulsa desde los lineamientos de la UNESCO.
¿Qué ha pasado con este pueblo que no tiene los beneficios de la explotación de su riqueza y sin embargo le llegan nuevos proyectos como el de esta empresa canadiense? Se le pregunta a Ramos Moreno, quien se encarga de recrear la leyenda de un niño fantasma que se aparece en la Mina Las Catitas, con dos bolas una de oro y otra de plata en las manos. Responde: “ahora ya no hay patriotas y la gente ya no se preocupa por nada”.
Ciertamente la oposición política en San Luis Potosí, que tuvo un movimiento tan importante como el del doctor Salvador Nava en las décadas de los cincuenta y ochenta, ha perdido influencia y parece haberle dejado la cancha abierta al gobierno panista que, según el exdiputado perredista Eduardo Martínez Benavente y Martín Faz, miembro del Centro Potosino de Derechos Humanos, ha dado todo tipo de facilidades y prebendas a las transnacionales sin importar si sus proyectos cumplen con la normatividad mexicana. Añade a su vez Enrique Rivera:
“Hablamos de una alianza político empresarial y la única forma de detenerla, nos queda claro, es la sociedad civil. No lo van a hacer las autoridades, no va a ser el poder judicial. El legislativo está haciendo su lucha, pero dudamos que tenga éxito por la experiencia de diez años de batalla contra la minera.
“Cuando el pueblo potosino se ha puesto las pilas y ha llevado a cabo la resistencia civil activa y pacífica ha tumbado gobernadores, fué la historia de Fausto Zapata y si entonces nos dolieron los fraudes electorales y actuamos, no es posible que ahora no nos duela la agresión directa a nuestra salud y a nuestro patrimonio histórico, por eso le apostamos a la resistencia.”
Entrevistada sobre qué posición tomaría el doctor Nava ante la MSX si aún viviera, su viuda Concepción Calvillo de Nava no duda en afirmar que estaría en contra del daño “tan terrible” que causará. Y ofrece a los integrantes del FAO sumarse a la resistencia e ir una vez a la semana a sentarse frente al palacio de gobierno, como hizo un grupo de mujeres en el navismo contra el fraude electoral.
Rivera expresa que el actual gobernador de San Luis, Marcelo de los Santos, quien perteneció al grupo de Amigos de Fox encargado de reunir los fondos para la campaña presidencial de Vicente Fox, ha instruido a su gabinete para que las protestas contra la minera sean reprimidas. Ya hubo golpeados y heridos y está preso Pedro Rebolloso, por estas acciones.
Hacia 1998 el INAH-SLP, a cargo entonces del antropólogo Sergio Bautista, presentó una propuesta de recuperación para Cerro de San Pedro y otra una para un manual de mantenimiento y conservación del sitio. En el gobierno de Ernesto Zedillo se había elaborado incluso una propuesta para declarar a Cerro de San Pedro zona de monumentos. Se planeaba además diseñar proyectos de ecoturismo y hasta había ya algunos monumentos declarados patrimonio que se convertirían en hoteles. Al llegar la MSX todas estas propuestas quedaron en el aire.
Si bien el asunto de la MSX tiene diversas aristas (ecológica, económica, social, política, jurídica y cultural), Terán hace ver que en el ámbito de las instituciones culturales (Conaculta e INAH) está parte de la solución, siempre y cuando las autoridades tengan la voluntad de hacer respetar la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos, promulgada en 1972:
“Cuando pienso que el maestro Sergio Vela, de Conaculta, puede apoyar a su director del INAH y levantar una iniciativa salvadora, la declaratoria para crear una zona de monumentos en el poblado del Cerro de San Pedro, rectificando el influyentismo de su antecesora (Sari Bermúdez), me estremece imaginar unos monumentos sin poderse visitar a escasos metros de una contaminación de miedo.”
Suma al titular de la Semarnat para preguntar a los tres funcionarios si tienen conciencia de lo que hacen “porque, mientras tanto, avanza la destrucción del Cerro”.
www.otrosmundoschiapas.org
NACE LA RED MEXICANA DE
AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
Gustavo Castro Soto
Otros Mundos, A.C.
23 de Junio de 2008, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
En el año 2007, en Otros Mundos AC observamos la escalada del crecimiento de la
explotación minera y la vinculación que tienen con muchos proyectos de presas por ser las
primeras altas consumidoras de energía, agua, tierras y ríos.
Ante ello nació la propuesta de comunicar nuestras experiencias al menos virtualmente entre algunos miembros del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
Poco a poco fue creciendo la lista de comunidades, personas y organizaciones interesadas en ocho estados del país.
Marea Creciente, A.C. de Sonora inició la lista para la comunicación virtual y la página web con el apoyo de nuestros aliados de Código Sur de Argentina. Sin embargo, fue necesario plantear un paso más: encontrarnos cara a cara para compartir las experiencias, conocernos, armar estrategias y alternativas comunes.
A finales del 2007 surgió la idea de conformar la red en el mismo momento y espacio del encuentro del Mapder donde otros aliados internacionales se sumaron, como Rights Action y Hic-Al, quienes apoyaron para la realización de este primer encuentro. Por razones prácticas, económicas, y por estar llena la agenda social para el 2008 decidimos hacerlo junto al encuentro del MAPDER. Además,hubo una razón más fuerte: hermanar los movimientos y no fraccionarlos.
Si bien es importante la identidad de cada movimiento social dentro de la gran pluralidad y respeto a las autonomías, se vio necesario unir esfuerzos y hermanar estrategias comunes.
Y así llegamos.
Del 19 al 21 de Junio de 2008 en la comunidad de Tamacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón, estado de Jalisco, México, se llevó a cabo el V Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y el I Encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Cientos de personas que nos dimos cita en este histórico encuentro pertenecen a organizaciones
sociales, indígenas, campesinas, comunidades, organizaciones de derechos humanos, de
educación, de comunicación, movimientos, colectivos de estudiantes, académicos, entre
otros, provenientes de 12 estados del país: Chihuahua, Sonora, Nayarit, Jalisco, Oaxaca,
Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila y
Veracruz.
También contamos con la presencia internacional de la Asamblea por la Defensa
del Territorio y la Madre Naturaleza y CEIBA de Guatemala.
Para este encuentro donde se hermanan las luchas de los afectados por las presas y por la
minería, la REMA se planteó los siguientes objetivos:
1) Generar conciencia de la afectación social y ambiental por la minería a través del
intercambio de experiencias y estrategias para la defensa del territorio, el agua, los
recursos naturales y nuestras comunidades.
2) Integrar al movimiento en contra de la minería y fortalecer las luchas y movimientos
locales para la resistencia y defensa de sus derechos.
3) Generar la estructura organizativa de la red y elaborar estrategias conjuntas que
www.otrosmundoschiapas.org fortalezcan alianzas y se coordinen con redes nacionales e internacionales en contra de la minería.
Autoridades y representantes de la comunidad y de la iglesia local, dieron la bienvenida e
inauguraron el encuentro que estuvo marcado también por música, fiestas, exposición de
videos y otras actividades culturales.
Aunque algunas organizaciones y comunidades no pudieron llegar por causa de su lucha y resistencia, las que llegaron compartieron sus ricas experiencias. Entre ellas la situación de la minería en Chiapas en el municipio de Chicomuselo donde extraen la barita; la resistencia contra la explotación de oro y plata en la mina San Javier en el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí; la explotación de bauxita y zinc en Oaxaca con la mina Zapata; la explotación de uranio en las minas de la región Mixteca entre los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero; la explotación minera en Chihuahua donde se ubican las mayores concesiones a las empresas trasnacionales.
Por su lado, tuvimos la presencia de la Asamblea por la Defensa del Territorio y la Madre
Naturaleza y CEIBA de Guatemala quienes compartieron sus experiencias de resistencia y
lucha contra la minería y los procesos de consultas en las comunidades indígenas.
También
contamos con la exposición de Alejandro Villamar de la Red Mexicana de Acción Frente al
Libre Comercio (RMALC) quien habló sobre la situación de la minería a nivel nacional así
como una radiografía de las principales corporaciones trasnacionales de la minería.
Del mismo modo Martin Faz del Frente Amplio Opositor (FAO) apoyó con el taller sobre los
efectos de la minería y Josefina Guzmán de Respuesta Alternativa, AC, de San luis Potosí
nos compartió la experiencia de la mina San Javier.
La devastación que la explotación del oro a cielo abierto tiene sobre el medio ambiente y la
sociedad, llevó a proponer incorporar una nueva actitud ante la minería y una practica social
distinta evitando el uso y consumo de objetos y prendas de oro.
Y es que la situación es grave.
A partir del año 2000 hasta el día de hoy, casi el 10% del territorio nacional ya ha sido entregado a las trasnacionales por medio de concesiones para la explotación minera. La amenaza sobre cientos de miles de kilómetros cuadrados de tierra, propiedad en su mayoría de ejidatarios y comuneros campesinos e indígenas, crece por todo el territorio nacional donde se tienen identificados 23 depósitos minerales gigantes, lo que ubica al país entre los 12 mayores productores a nivel mundial en por lo menos 18 minerales.
En abril del presente año el Secretario de Economía, Eduardo Sojo, confirmó que El Reporte
del Instituto Fraser 2007/2008, con sede en Canadá, ubica a México en el primer lugar a
nivel internacional en el Índice de Potencial Minero, y que en su reporte de enero de este
año la firma estadunidense Behre Dolbear, ubica a nuestro país en el tercer lugar mundial de
preferencias para el destino de inversiones, por encima de Estados Unidos.
Sojo aseguró que México ocupa “el cuarto lugar en inversión en explotación a nivel internacional y el primer lugar en América Latina, arriba de países como Chile, Brasil y Perú”.
En 2007 las exportaciones mineras ascendieron a 8 mil 752 millones de dólares y expidió 2 mil 424 concesiones mineras en ese año que equivalen 10% del total de las concesiones vigentes. Al
final del sexenio (2012), el Gobierno pretende concretar proyectos productivos por al menos
20 mil millones de dólares.
Frente a este contexto nace la REMA. De ahí su importancia histórica y estratégica. Para
arrancar con este primer encuentro, la REMA logró definir su objetivo y acciones
inmediatas, así como una estructura de coordinación a modo de Secretariado Nacional
compuesto por cuatro organizaciones:
1) Oaxaca: Bety Cariño del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos
(CACTUS)
2) Jalisco: Oscar González Garí de la Red Jalisciense de Derechos Humanos.
3) San Luis Potosí: Martín Faz Mora del Frente Amplio Opositor (FAO).
4) Nacional: Alejandro Villamar de la Red Mexicana de Acción contra el Libre
Comercio (RMALC).
Sin vacilar, ambas redes, REMA y MAPDER, decidieron seguir marchando juntos, de tal
modo que el II Encuentro de la REMA y VI del MAPDER, se llevará a cabo en Cerro de
San Pedro, San Luis Potosí, del 28 al 30 de mayo del 2009. De aquí a entonces, el
Secretariado Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
1. Garantizar la preparación del II Encuentro y establecer vínculos con la Coordinación
del Mapder.
2. Posicionar a la REMA sobre acontecimientos en torno al tema de la minería, generar
solidaridad en el movimiento y respuestas de acciones urgentes.
3. Articular la REMA por medio de la página Web (http://rema.codigosur.net/) y listas
electrónicas.
4. Promover la REMA en todo el país, estableciendo nuevos enlaces, grupos,
colectivos, organizaciones, comunidades y todos los sectores posibles. Se pondrá
énfasis en los estados más amenazados por la minería como son: Guerrero,
Chihuahua, Sonora, Durango, Oaxaca, Chiapas y Coahuila.
5. Continuar con los miembros de la REMA la reflexión generada en el encuentro en
torno a estrategias, las líneas de acción, etc.
6. Establecer vínculos y acciones de coordinación con organizaciones afines a lo largo
del hemisferio.
El reto de la REMA a inmediato plazo será consolidar el Secretariado Nacional, establecer
una red ágil de comunicación, posicionar políticamente a la red ante la opinión pública y
otros actores como a nivel internacional con otros referentes, y preparar las condiciones y la
agenda que garanticen la realización del segundo encuentro.
Reproducimos el texto de la Declaración de Temacapulín:
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DECLARACIÓN DE TEMACAPULÍN,
MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO
1. Contra el sentido de la historia de lucha por la soberanía y la autonomía de nuestros
pueblos sobre territorio, recursos y destinos, la política gubernamental de los últimos
25 años ha entregado el territorio y sus entrañas a las empresas mineras
trasnacionales y trasnacionalizadas. 200 mil kilómetros cuadrados, es decir, el 9 por
ciento del territorio nacional ha sido entregado y regalado, como concesiones
mineras.
2. Bajo un nuevo colonialismo, las empresas invaden territorios de nuestros pueblos
originarios, para apropiarse de las entrañas de nuestra tierra. Millones y millones de
toneladas de suelo y rocas son removidas con maquinaria pesada y envenenadas con
químicos, dejando impactos, efectos y trastornos a nuestra población a cambio de
una nueva falsa modernidad.
3. Con una falsa idea del “desarrollo”, del “progreso” y “la modernidad” que la
globalización corporativa y su sistema de especulación financiera alientan, se repite
el saqueo y la exportación de recursos minerales, dejándonos a los pueblos y
comunidades pagar los costos de la destrucción sistemática de nuestra madre la
naturaleza y sus hijos e hijas.
4. Reunidos y convocados por el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y
en Defensa de los Ríos (MAPDER) en esta población de profundas raíces indígenas,
donde los colonialistas españoles reprimieron la justa y prolongada protesta indígena
encabezada por Francisco Tenamaxtli y Guaxicar, contra la avaricia del oro y la
invasión de los Nuños de Guzmán de ese tiempo, en la bautizada “Guerra del
Mixtón”, los representantes de comunidades y organizaciones sociales de 10 estados
del país y convocantes al Encuentro, iniciamos el recuento y la organización de una
resistencia con dignidad y para triunfar sobre los viejos y nuevos agravios causados
por el modelo minero dominante.
5. Con la “eficiente” entrega oficial de concesiones de exploración, y hoy simplemente
“mineras”, y la complicidad o anuencia de la Secretaría de Economía y de la
SEMARNAT, las empresas y sus cómplices invaden territorios engañando a la
población y corrompiendo a autoridades locales y estatales. Las falsas promesas de
bienestar, carreteras, o miserables rentas por la tierra son los anzuelos tradicionales o
los nuevos espejos o cuentas de vidrio a cambio de los metales preciosos o
industriales.
6. Aprovechando la obsoleta Ley Minera, la ausencia de fianzas, la ridícula política
fiscal y la debilidad de las normas ambientales y de seguridad, la explotaciones
mineras a gran escala, “a cielo abierto”, remueven cerros, rellenan barrancas,
destruyen sembradíos, desplazan pueblos, envenenan manantiales, ríos y cuencas,
cancelando alternativas de bienestar de nuestros pueblos; y cuando abandonan sus
fundos, sólo dejan a nuestros pueblos su rastro de destrucción de todo tipo, enormes
tiraderos de desechos y residuos, tierras estériles, aguas contaminadas, enfermedad y
desolación.
7. Ante las acciones comunitarias de organización y defensa para enfrentar los
proyectos, la respuesta de las empresas y los gobiernos, ha sido el hostigamiento y la
represión, reforzando con ello la violación a los derechos humanos, los Pactos y
Convenios Internacionales.
8. La naturaleza in-sustentable de la minería a gran escala, como lo reconoce la ONU, y
la irresponsable expansión y fomento en nuestro país, ha vuelto registrar casos de
etnocidio, migración forzada, envenenamientos masivos, ficticios conflictos de
limites territoriales, grandes y trágicos accidentes por la irresponsable violación de
las normas de seguridad y el manejo de explosivos, hidrocarburos y tóxicos.
9. Bajo esta situación intolerable y devastadora, las organizaciones reunidas en
Temacapulín decidimos echar a andar y organizarnos en una red nacional de los
afectados directos o indirectamente por la minería trasnacional, que nos permita unir
fuerzas y en conjunto con las organizaciones solidarias, fortalecer la defensa de la
autonomía y soberanía de los pueblos sobre nuestros territorios, comunidades, y
recursos naturales. Que a partir de hoy denominamos Red Mexicana de Afectados
por la Minería (REMA).
10. Los propósitos prioritarios de la REMA son los siguientes:
Frenar y eliminar la minería a cielo abierto por ser inherentemente insustentable.
Fomentar la organización de las comunidades para la acción, la prevención y
la defensa integral de nuestros derechos y recursos.
Crear redes de acción y defensa local, nacional e internacional, contra ese
tipo de minería.
Proporcionar a las comunidades afectadas información, sobre derechos, leyes
y medios de defensa efectivos.
Construir un espacio común, permanente, transdisciplinario, amplio,
democrático y popular, para avanzar en propuestas alternativas, justas y
efectivas, desde los intereses populares, a la dramática situación causada por
la minería destructiva y a cielo abierto.
Contribuir a generar leyes y normas alternativas que regulen la minería
Proponer alternativas de bienestar no basadas en la minería en nuestras
comunidades.
Promover la solidaridad, la reciprocidad y el apoyo comunitario a nivel
comunitario, nacional y hemisférico contra la minería trasnacionalizada y
destructiva.
11. Llamamos a todos los afectados por la minería, pueblos, ejidos, comunidades
indígenas y no indígenas, autoridades tradicionales y no tradicionales, así como
colonias, barrios y ciudades, académicos a conjuntar fuerzas, experiencias y alcanzar
el nivel necesario para enfrentar a la maraña de poderosos intereses trasnacionales y
trasnacionalizados, que se han apropiado de la minería y del territorio. Esa fuerza es
necesaria para defender nuestra historia, nuestros derechos, nuestros recursos y
nuestra identidad.\
Temacapulín, Jalisco, 21 de junio de 2008
(entre los convocantes al encuentro, los participantes y los miembros que conformarán
REMA, están:)
Guerrero: Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP);
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.
Oaxaca: Centro de derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A.C.; Unión de
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI); Colectivo Cortamortaja;
Resistencia contra la minera en San Juan Tepeuxila; UNOSJO; Centro de Apoyo
Comunitario Trabajando Unidos, (CACTUS).
Chihuahua: Grupo en Defensa del Agua; Ejido Huizopa, Mpio de Madera.
Sonora: Marea Creciente, A.C.
Chiapas: Otros Mundos, A.C.; Comunidades de Chicomuselo Afectados por la Minería;
Maderas del Pueblo; Centro de Fomento y Desarrollo Cultural Comunitario, A.C.
(CEFODECC); Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas
(Compitch).
Jalisco: Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), A.C.; Red Jalisciense
de Derechos Humanos, A.C.; Frente Regional Pro-Manantlàn y Cuenca del Marabasco,
A.C.; Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.; Grupo Ecologista Alteño, A.C.; Fundación Cuenca
Lerma-Chapala-Santiago.
Distrito Federal: Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC
(PRODESC); Servicios de Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ).
San Luis Potosí: Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO); Núcleo Agrario
Ejidal de Cerro de San Pedro; Kolectivo Azul; Pro San Luis Ecológico, A.C.; Respuesta
Alternativa, AC, Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario.
Nayarit: Kupuri, A,C,
Estado de México: Frente Popular en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.
Redes nacionales: Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP);
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC); Red de Radio y TV
Comunitarias del Sureste Mexicano.
Aliados Estratégicos: Andariega Radio “La palabra que camina”; Ríos
Internacionales/Estados Unidos; CODIGO SUR/Argentina; RIGHTS ACTION/Canadá;
HIC-AL; Espacio Desc.
